Otra santa más para la guerra. È

JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO

El País, miércoles 13 de marzo de 2002

No ha podido ser más inoportuna la propuesta aprobada por la Conferencia Episcopal Española de que se reavive el proceso de beatificación de Isabel la Católica, iniciado por sus antecesores en tiempos de Franco y Pío XII. Vivimos momentos de máxima gravedad en el conflicto israelo-palestino que envenenan diariamente judíos ultraortodoxos y partidarios de la jihad islámica en su pugna por lugares y territorios que ambos consideran santos. En la India, en estos últimos días, y también disputando por un lugar sagrado, hindúes y musulmanes se han dedicado a quemar trenes atestados de gente (el fuego es un medio de liquidación del adversario muy del gusto de las religiones, porque purifica, elimina cualquier resto de contaminación maléfica). Y desde Argelia hasta Manhattan, los fundamentalismos religiosos atizan el enfrentamiento entre países y culturas, por si fueran pequeños los problemas de la modernización y de la dependencia. Las religiones, en resumen, están demostrando ser un factor que agrava, más que apacigua, los conflictos humanos. Y he aquí que el catolicismo, quizá por haber perdido algo de sus viejos fervores bélicos, no ha desempeñado un papel destacado en estas luchas recientes. Yo diría que por suerte para él. Los obispos españoles, sin embargo, no están contentos. Quieren participar.

La Iglesia eleva a alguien a los altares porque lo propone como modelo de conducta para los cristianos. ¿Lo fue de verdad Isabel de Trastámara? Alcanzó, para empezar, el trono de Castilla de una forma, cuando menos, polémica: disputándoselo a Juana, hija legítima, en principio, del rey Enrique IV y su segunda esposa, Juana de Portugal, y reconocida como heredera por las Cortes de Toledo de 1462. Pero Isabel, hermana del monarca, se apoyó en las fracciones nobiliarias, siempre deseosas de socavar el poder real, y fomentó el rumor de que Juana era la Beltraneja, una hija adulterina de la reina, logrando al fin que fuera desheredada. Ello dio lugar, como se sabe, a una guerra civil, desarrollada en varias fases, antes y después de la muerte de Enrique IV. Juana recibió el apoyo del rey de Portugal, su tío Alfonso V, que pensaba desposarse con ella. Pero Isabel contraatacó concertando su matrimonio con el príncipe heredero de Aragón, Fernando, y apresurándose a celebrarlo. Un obstáculo se oponía a las prisas de los contrayentes: que eran primos, lo que obligaba a pedir una dispensa papal que tardaría meses en llegar. La dificultad se resolvió falsificando el documento, hecho sobre el que hay acuerdo unánime entre los historiadores y que espero los señores obispos no encuentren modelo recomendable de conducta (porque sería arrojar piedras contra su propio tejado). A partir de ahí, se inició la fase definitiva de la guerra civil, que acabó en 1479 con la victoria de Isabel y el bando aragonés.

Hasta aquí, por tanto, no tenemos mucho de ejemplar en la vida de Isabel. Como aspirante al poder, no había sido sino una hábil jugadora en el tablero político, sin más escrúpulos con la ley o con los derechos de los otros candidatos de los que mostraría un aventajado discípulo de Maquiavelo. Pero no es ésta la principal razón por la que no deberían proponer su beatificación, porque lo más grave vino luego, cuando se convirtió en reina y se ganó el título de Católica.

Una vez instalados en sus dos tronos, los monarcas de Castilla y Aragón emprendieron, como todo el mundo sabe, una guerra contra el único reino musulmán que quedaba en la Península, el nazarí de Granada. La guerra fue larga y terminó en victoria. Pero no por medio de la 'conquista de Granada', como suele decirse, sino por la capitulación pactada de esta ciudad. 'Capitulaciones' se llamaron, en efecto, a las condiciones firmadas por Isabel y su esposo, por las que el reino entró bajo la soberanía castellana, pero comprometiéndose a respetar la lengua, la religión, la forma de vestir y las autoridades judiciales tradicionales de los hasta entonces súbditos de Boabdil. Cláusulas semejantes se habían pactado en previos avances cristianos hacia el sur y algo de tolerancia y de convivencia multicultural había tenido lugar, en efecto, en el Toledo de Alfonso VI o la Sevilla de Alfonso X. Pero esta vez no iba a ser así. Durante los primeros años, los reyes mantuvieron en el obispado de Granada a Hernando de Talavera, fraile culto y paciente que intentó, desde luego, la conversión de los musulmanes, pero por métodos pacíficos, limitando la actuación de la Inquisición y haciendo que sus predicadores aprendieran el árabe para facilitar la aceptación de su mensaje. A Talavera -a quien nadie propone canonizar hoy- le sucedió Cisneros, que emprendió la evangelización de los musulmanes granadinos por métodos coactivos mucho más directos, con lo que forzó rápidamente unos miles de conversiones, pero también provocó dos sublevaciones sucesivas, en el Albaicín y las Alpujarras, reprimidas sin contemplaciones por orden de la propuesta beata y su esposo.

El 14 de febrero de 1502 -acaba de cumplirse el medio milenio, aunque ha pasado desapercibido-, la real pareja decidió, por fin, desentenderse de aquellas 'Capitulaciones' que había firmado con toda solemnidad diez años antes. Y se decretó la expulsión de todos los granadinos que no aceptaran la conversión al cristianismo. No quiero en este artículo discutir el acierto o la necesidad política de aquella medida, sino juzgarlo como ejemplo moral. Y, francamente, no me parece que estén los tiempos como para erigir en modelo de conducta a quienes, por un lado, desprecian de manera tan descarada la palabra dada y, por otro, imponen su religión por medios tan violentos. Una imposición que se repetiría en esa América en la que tantas almas se 'conquistaron', según constatan con satisfacción los obispos.

Con los musulmanes, los reyes no hacían sino repetir la fórmula utilizada diez años antes con los judíos. El decreto de conversión forzosa o expulsión de los judíos se había dictado, en efecto, en la primavera de aquel célebre 1492, sólo tres meses después de la capitulación de Granada. En este caso hubo una circunstancia agravante, ya que, según parece, los monarcas aprovecharon la expulsión para desembarazarse de una comunidad con la que habían contraído graves deudas durante la guerra granadina. De nuevo evitaré debatir aquí si la paz social que ganó el país con la homogeneidad religiosa compensó la pérdida que supuso la expulsión de aquel sector social tan dinámico intelectual y profesionalmente. Ahora sólo se trata de evaluar la catástrofe humana que provocó la medida, el desprecio que mostró la reina hacia el sufrimiento de sus semejantes: unas cien mil personas, al menos, hubieron de abandonar la tierra donde sus antepasados habían vivido más de un milenio, se vieron obligados a malvender sus propiedades y a emigrar sin poder llevarse el oro o la plata obtenido en la venta, con las imaginables secuelas de muertes de ancianos y niños en el camino y de ejecuciones ejemplares para quienes se resistían a obedecer la orden. Hay todavía rincones en Europa donde los descendientes de aquellos sefardíes conservan y cultivan su castellano del siglo XV y recuerdan con nostalgia aquella Sefarad de la que tuvieron que salir por orden de la reina católica. ¿Cómo pueden recibir la noticia de la beatificación de la firmante de aquel decreto? Puede que los obispos se hayan planteado esta pregunta y puede que no, pero en ambos casos parecen tener, ante esta población, una insensibilidad parecida a la que mostró aquella reina a la que hoy quieren beatificar.

Tampoco terminan ahí los agravios. Otro más hay, esta vez inferido a la humanidad en su conjunto, a la libertad de pensamiento y expresión, al mundo moderno que anunciaba su aparición y a la comunidad intelectual en especial. Al comienzo mismo de su reinado, Isabel de Castilla, con el pretexto de vigilar la ortodoxia de los judeo-conversos y castigar a quienes recayesen en sus antiguos cultos, extendió a Castilla el Tribunal del Santo Oficio. No es que hasta entonces no se hubiera reprimido la 'herejía' -es decir, las interpretaciones del mensaje bíblico diferentes a la mantenida por la Iglesia-, pero este rincón de Europa se había resistido a establecer un tribunal especial encargado de tal misión. Siguió resistiéndose, tras adoptar la medida los Reyes Católicos, como demuestra el asesinato del inquisidor Pedro de Arbués en Zaragoza. Pero a la postre los reyes impusieron su voluntad. Y como los judíos y musulmanes acabaron siendo expulsados, sus sucesores, convertidos por ley en cristianos, cayeron bajo la jurisdicción inquisitorial, al igual que cayó todo sospechoso de albergar ideas innovadoras que pudieran atentar contra el dogma. Durante más de tres siglos, el tribunal pesaría como una losa sobre cualquier mente pensante del país y apartaría a éste de la revolución intelectual que sacudió a Europa. Y del número total de 'relajados' -condenados a la hoguera- por parte del Santo Oficio a lo largo de sus trescientos años de historia, aproximadamente la mitad correspondieron al cuarto de siglo inicial; justamente los años que duró el reinado de aquella Isabel I que ahora los obispos españoles proponen para la beatificación.

Ellos sabrán. O de verdad se consideran mensajeros de una religión de paz y amor, y en ese caso adoptan gestos que ayuden a la reconciliación y el apaciguamiento de los conflictos humanos, o prefieren ser beligerantes en la pugna por el poder terrenal, invocando mandatos sobrenaturales. En este último caso, no hay duda de que hacen bien en beatificar a Isabel la Católica, porque sus medidas ayudaron a afianzar la influencia social y el poder político de la Iglesia durante siglos. Pero me temo que la única opción que nos queda entonces a los demás, a quienes queremos legar a nuestros hijos una sociedad pacífica y civilizada, consiste en pedir que el dinero público destinado a educación se dedique exclusivamente a impartir valores cívicos, sin el menor contenido religioso. No por anticlericalismo, sino por vacunarnos contra futuros conflictos. Porque, a juzgar por los modelos de conducta que nos proponen, los obispos parecen decantarse por un tipo de religión peligrosa para la convivencia ciudadana.

José Álvarez Junco es catedrático de Historia del Pensamiento Político y los Movimientos Sociales en la Universidad Complutense. Su libro más reciente es Mater Dolorosa. La idea de España en el siglo XIX (Taurus, 2001).

Velos y quebrantos. È

ANTONIO ELORZA

El País, miércoles 3 de abril de 2002

Cada vez que se plantea la cuestión de la convivencia entre musulmanes y occidentales dentro de una de nuestras sociedades, pienso en algunos símbolos de la misma todavía visibles en monumentos arquitectónicos de la España medieval. Recuerdo la llave verde de entrada en el jardín de Alá que colocó el alarife creyente junto a la puerta del convento de Santa Clara en Tordesillas o en el propio paraíso de rasgos coránicos, interrumpido por una ventana mudéjar con su ajimez, al lado del juicio final estrictamente cristiano, en los muros de la iglesia de San Román en Toledo. La convivencia de culturas tuvo sin duda poco que ver con la imagen dulzona que de ella se tiene. Sin embargo, todo indica que en aquellas circunstancias una sociedad plural desde el punto de vista religioso fue capaz de sobrevivir, por encima de los conflictos, hasta la segunda mitad del siglo XV.

Aplicando esa lectura al presente, podemos decir que la sociedad multicultural es posible, y en gran medida inevitable. A la vista de las cifras y el ritmo de la inmigración, el objetivo de una deseable integración no estará a nuestro alcance sin un reconocimiento de la pluralidad ante la presencia de colectivos muy numerosos y con alto grado de cohesión interna. La pretensión de forzar el proceso de incorporación sobre la base de que sus culturas no son democráticas y la nuestra lo es, está destinada a provocar interminables conflictos, en primer término con los derechos democráticos de las minorías, para desembocar en el fracaso.

Ahora bien, una vez más hay que insistir en el riesgo de intentar la conjura de las actitudes xenófobas por medio de la angelización del inmigrante, cuya cultura y cuya religión serían otros tantos lugares sagrados que nuestra ignorancia de occidentales debiera respetar. Conviene partir de que el respeto a la cultura del otro en una sociedad democrática tiene como complemento la exigencia de oponerse a aquellos valores y comportamientos del colectivo que estuvieran en abierta contradicción con el marco legal democrático. Y en segundo término, el Estado de derecho ha de garantizar que la normativa interna del colectivo no cercene la libertad individual de sus miembros. De cara a la inmigración musulmana, ambas cuestiones invitan a la reflexión, dado que los problemas son reales, aunque en gran medida resolubles, y por supuesto aconsejan arriesgarse a la información sin el velo del respeto reverencial que parte del colectivo y de sus estudiosos viene exigiendo. Tanto más cuanto que el 11-S no es una invención, y tampoco lo es que sus autores se reclamaban de la ortodoxia islámica. Y que, si había Al Qaeda instalada en España, es porque algún ambiente lo propiciaba. Es falso que desde entonces haya tenido lugar entre nosotros un salto adelante de la xenofobia; más bien se está creando un ambiente viscoso para cualquier discusión sobre el Islam. Olvidan los apologistas y censores voluntarios de toda crítica que nada mejor para eliminar los reflejos antiárabes que la fijación de los límites entre minorías terroristas de raíz islámica y conjunto de la comunidad musulmana.

Contamos además con las enseñanzas de la experiencia francesa desde que en 1989 estallara la cuestión del hiyab en las escuelas laicas. No vino mal dejar las cosas claras y poner de manifiesto que en cualquiera de sus formas el velo o el pañuelo que cubría el pelo de las estudiantes constituía una infracción al principio de la escuela laica por el cual no debían exhibirse signos religiosos en los centros de enseñanza. Da vergüenza ajena leer en comentarios de especialistas que el hiyab carece de connotaciones religiosas en una creyente y que es un símbolo cultural como la txapela o el pañuelo rojo de San Fermín. Ante todo, en el Islam lo cultural no está separado de lo religioso, y, en caso de polémica que afecte a su religión, el creyente está obligado a defenderla por encima de todo ante el infiel. Por lo demás, sólo hay que pasearse por una ciudad marroquí, tunecina o egipcia para comprobar cómo los pañuelos cubriendo la cabeza y otros artilugios han acompañado al ascenso irresistible del islamismo entre las capas populares.

Lo que cuenta no es la forma del vestido, sino la sumisión al objetivo propuesto de preservar el pudor femenino, con todas las connotaciones que ello tiene en cuanto a la posición de la mujer. Hiyab significa originariamente cortina, y en su aplicación práctica al vestido por la jurisprudencia islámica supone la exigencia de que sólo resulten visibles el rostro y las manos de la mujer. Nada de cultura regional: sentencia del Profeta, quien al ver a una esposa con un vestido fino le advirtió: 'Cuando una muchacha llega a la pubertad no es adecuado para ella mostrar sino eso y eso', señalando a su cara y a sus manos (hadiz de Abu Dawud). Y los hadices o sentencias son tan obligatorios para el creyente como el Corán, y si no que se lo digan a las mujeres iraníes que en la revolución de los ayatolás fueron destinatarias del siguiente mensaje: Rusavi ya tusavi (El pañuelo en la cabeza o el palo). Sin duda la cultura con sangre entra. La entrada en juego de otras sentencias, como la relativa a la prohibición de animales pintados en la ropa, a la reserva de los encantos femeninos o al papel incitador de la mirada sirven de base a ulteriores prendas represivas, desde el chador al burka. Lo importante sería, pues, que efectivamente no existiera una presión familiar o de un sector de los creyentes para que la mujer lo llevara so pena de ser considerada infractora. Es un combate que sería inútil dar por la vía de las sanciones, puesto que la adolescente implicada proclamaría siempre que lo llevaba libremente, y sí cabe emprender en el campo de la educación para que las jóvenes musulmanas de nuestros países lleven velo, pañuelo o trenzas según su voluntad.

Conocimiento, tolerancia y enseñanza laica han llevado en Francia a eliminar prácticamente el problema. El hiyab no está prohibido, pero tampoco recomendado, y con el análisis y la transigencia ante casos individuales, si el asunto lo permite, la tensión prácticamente ha desaparecido. Y esa pauta debiera seguirse para otras cuestiones, relativas sobre todo a las eventuales formas de presión del hombre sobre la mujer, problema presente, aun sin Islam en nuestras sociedades. Por otra parte, es preciso tomar en consideración la enorme capacidad de la religión musulmana para envolver literalmente al creyente en todas las facetas de su vida, lo cual invita siempre a la cautela cuando se trata de valorar comportamientos que de cerca o de lejos tengan que ver con la religión. Nada grave pasa si los alumnos musulmanes de un instituto o los trabajadores de una fábrica cumplen con el ayuno del Ramadán, rezan mirando a La Meca o celebran la fiesta del Cordero. Otra cosa es si un hermano prohíbe a su hermana, sirviéndose de la violencia, que tenga un novio de otra religión, o un padre impide que sus hijos vayan a la clase donde se enseña Darwin o se practica la gimnasia. Lo primero es expresión de multiculturalismo, lo segundo violación de la libertad individual y del derecho a la enseñanza. Y, en este segundo apartado, el derecho del Estado democrático no debe ceder ante los mandatos religiosos interpretados desde una óptica integrista. De nuevo aquí hay que saber para juzgar, porque en otro caso se terminan diciendo barbaridades tales como que el hiyab es el primer paso para la ablación del clítoris, que nada tiene que ver con la sharia (ley coránica).

La misma exigencia se plantea en un tema que el sector mencionado de nuestra islamología soslaya siempre: la presencia en el marco del Islam de una tradición integrista cuya formulación queda prácticamente fijada en la Edad Media, a partir de la necesidad de reproducir las normas del Islam originario, y que luego resurge cada vez que la comunidad se siente amenazada desde el exterior por unas formas religiosas, culturales o de poder juzgadas como propias de infieles. Fue la reacción de los wahabíes en el siglo XVIII y más cerca de nosotros la del integrismo reactivo que radicaliza en las últimas décadas el proyecto islamista de los Hermanos Musulmanes egipcios, confluyendo ambos en la actual deriva terrorista. No otra cosa representa la estrecha colaboración de Bin Laden y Al-Zauahiri.

Las señas de identidad de ese integrismo militante son claras y resultan por tanto perfectamente aislables respecto de las formas de existencia vigentes en casi todas las sociedades musulmanas: la satanización de Occidente, un conformismo ciego con la utopía de una sociedad islámica tan armónica como represiva, el vestido de la mujer como emblema de la moralidad islámica o del libertinaje occidental alternativamente, el énfasis en la yihad en tanto que guerra sagrada que garantizará la expansión universal del Islam. Aquí es preciso tener en cuenta que todo se juega en el interior de los colectivos musulmanes, tanto en Occidente como en los Estados árabes, y la mayoría en modo alguno responde a esa orientación radical. Pero ésta existe, tiene un grado de difusión acorde con la globalización y su peligro no es desdeñable, tanto para nosotros los occidentales como para la supervivencia de ese Islam diferente pero abierto a la integración que va instalándose entre nosotros. Claro que todo lo anterior tiene sentido si Sharon y Bush dejan de ejercer en Palestina de incendiarios.

Antonio Elorza es catedrático de Pensamiento Político en la Universidad Complutense.

¿Podría el verdadero

desarme estar en la agenda? È

GABRIEL JACKSON

El País, martes, 9 de abril de 2002

Como alguien que, desde 1945, siempre ha creído que el desarme nuclear era la condición más importante para la supervivencia a largo plazo de la vida civilizada en la Tierra, me animé mucho con varias de las fuertes reacciones contra los contenidos de la 'revisión de la postura nuclear' estadounidense que se había filtrado a la prensa el 9 de marzo. La 'postura' incluye planes de contingencia para el uso de armas nucleares contra siete Estados, unos planes a los que The New York Times replicó con un editorial que comenzaba: 'Si otro país estuviese planeando desarrollar nuevas armas nucleares y contemplando ataques preventivos contra una lista de potencias no nucleares, Washington lo tildaría, con razón, de peligroso Estado irresponsable. Aun así, ése es el curso recomendado' por los documentos de planificación del Pentágono. The Washington Post, al tiempo que reiteraba su constante respaldo a las actuales acciones militares, concluía su editorial diciendo: 'La Administración de Bush hace bien en centrar más su planificación estratégica en disuadir a los Estados irresponsables, pero desarrollar nuevas armas nucleares contra esa amenaza no es ni necesario ni sensato'.

Robert S. McNamara, que fue secretario de Defensa de Estados Unidos durante las primeras fases de la guerra de Vietnam, criticó inmediatamente la revisión de la postura aduciendo varias razones: que Estados Unidos ha roto el tratado ABM para construir un nuevo escudo contra misiles en el espacio; que los planes de contingencia antes mencionados socavan el Tratado de No Proliferación Nuclear al amenazar con nuestras armas nucleares a países que no disponen de esas armas; que la revisión 'parece exponer un plan de cuarenta años para desarrollar y adquirir nuevas armas nucleares', y que las pruebas nucleares de dichas armas 'irían flagrantemente en contra de vitales compromisos de no proliferación contraídos por Estados Unidos'. Finalmente, y para no limitar mis ejemplos a la inmediata reacción contra la Revisión de la Postura Nuclear, me gustaría mencionar que la Fundación por la Paz en la Era Nuclear está haciendo circular en Estados Unidos desde principios de año un llamamiento a 'comenzar negociaciones de buena fe para alcanzar un Convenio sobre Armas Nucleares en el que se exija la eliminación por fases de todas las armas nucleares, con cláusulas de verificación y aplicación efectivas'. Este llamamiento lleva las firmas de personajes de talla mundial tan admirados como Mohamed Alí, el ex presidente Jimmy Carter, el Dalai Lama, el arzobispo Desmond Tutu, Elie Wiesel, y el alcalde de Hiroshima, Tadatoshi Akiba.

En el presente artículo me gustaría evaluar las posibilidades de un verdadero desarme. Pero primero una advertencia: el impulso de la 'guerra contra el terror' del presidente Bush, y el consejo de todos sus asesores importantes, con la excepción en parte de Colin Powell, están firmemente a favor de nuevas armas, tanto nucleares como no nucleares, desarrolladas si es posible con la aprobación de los aliados, pero unilateralmente si no se puede conseguir dicha aprobación. Las reacciones editoriales que he citado antes no piden un desarme de ningún tipo. Reflejan consternación por el hecho de que el Gobierno no se haya percatado siquiera de lo peligrosos que son para el propio Estados Unidos estos rechazos de las obligaciones internacionales y su disposición a ampliar la carrera nuclear y militarizar al espacio exterior, así como esta Tierra que lleva tanto tiempo padeciendo. De esa forma, hacen un llamamiento a una pizca de control lógico.

La Administración se inclina por un cierto desarme en sus propios términos. Para liberar recursos nucleares, así como a los talentos científicos y técnicos necesarios para crear armas más sofisticadas y precisas, Estados Unidos propone una gran reducción voluntaria de miles de misiles que ahora están en estado de alerta en las bases rusas y estadounidenses. Esto se debe hacer sin firmar papeles, y manteniendo los misiles almacenados por si acaso algún cambio impredecible en el clima internacional nos exigiese ponerlos rápidamente en alerta otra vez. Los rusos, que han recobrado su sentido del humor desde la caída del comunismo, se han referido a esto como política del 'almacén nuclear'.

Un obstáculo más difícil radica en el hecho de que a la opinión pública estadounidense, como se refleja en el comportamiento del Senado de ese país, no le gusta aceptar obligaciones internacionales. El Senado se negó a ratificar el Tratado General de Prohibición de Pruebas porque, obviamente, limitaría la capacidad del país para crear y probar nuevas armas. Muchos legisladores no tienen nada bueno que decir a favor de Naciones Unidas como tal, y se niegan a tener nada que ver con el propuesto tribunal internacional para juzgar crímenes de guerra. No tienen el menor reparo en decir que no permitirán que un soldado estadounidense sea juzgado por un tribunal así. Sus predecesores conquistaron el Lejano Oeste sin tener que aplicar las convenciones de Ginebra a los guerreros indios capturados, y declaran que los combatientes talibanes y de Al Qaeda apresados no son verdaderos prisioneros de guerra (otro salto atrás psicológico a la actitud que sus antepasados tenían hacia los indios).

De hecho, existe ya una base muy práctica desde la que iniciar un verdadero desarme nuclear. En 1970, las potencias nucleares existentes (y todavía las principales) -Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Francia y China- patrocinaron un Tratado de No Proliferación, en el que pedían al resto del mundo que renunciase a desarrollar armas nucleares, a cambio de lo cual el grupo nuclear se comprometía solemnemente a negociar la reducción y eliminación final de sus arsenales nucleares. Sin sarcasmos innecesarios y sin señalar a nadie, sin ninguna referencia a otros tratados que nunca fueron ratificados por el Senado, el 'club' nuclear podría ahora tomar la iniciativa de cumplir con dicha obligación.

Hay también varias circunstancias prácticas que deberían hacer posible que los líderes de todos los países reconociesen la creciente importancia del desarme nuclear para la supervivencia de la vida civilizada. Desde 1970 (y antes) ha habido accidentes en plantas nucleares en los que se liberaron peligrosas cantidades de radiactividad en la atmósfera, y finalmente en el suelo y el agua de los que dependen millones de personas. No ha habido forma de ocultar estos hechos. Independientemente del secretismo del Gobierno, los sismógrafos de todo el mundo han detectado cada prueba nuclear y cada accidente nuclear desde 1945. Ha habido también al menos nueve hundimientos de submarinos nucleares, a los que se ha dado muy poca publicidad, con el consiguiente envenenamiento de las aguas oceánicas. Además, la eliminación segura de los residuos nucleares procedentes de actividades civiles bien controladas es un problema aún sin resolver, del que las élites políticas son sin duda conscientes, aun cuando eviten la discusión pública del tema. ¿Dónde, y en qué cantidad, con la posibilidad de poner en peligro las casas y las tierras de quién, se deberán enterrar los cientos de toneladas de residuos nucleares que incluyen elementos que seguirán siendo radiactivos durante varios siglos? ¿Con qué derecho ponemos en peligro deliberadamente la salud de estas generaciones futuras? Sin herir los sentimientos religiosos o ideológicos de nadie, los delegados de una conferencia de desarme podrían asumir mutuamente la obligación de reducir, en la medida en que todavía sea posible, estos riesgos para la salud.

Otra circunstancia importante es el hecho de que, en contraste con la situación de 1970, ya no vivimos en un mundo bipolar. En aquella época, Estados Unidos y la URSS eran tan abrumadoramente poderosos que, dado que los dos se podían destruir mutuamente más de 100 veces, y eran conscientes de ese hecho, el resto del mundo podía relajarse en la seguridad de que líderes tan pragmáticos como Nixon y Breznev tendrían cuidado de no iniciar una guerra nuclear. Pero hoy estamos en un mundo de diferencias religiosas fuertemente revividas, de nacionalismos militantes, de menos debate ideológico pero más temor, odio, y celos basados en la creciente desigualdad entre las sociedades prósperas y las pobres, y en el hecho de que esta desigualdad creciente sea tan evidente en las pantallas de televisión que ve prácticamente todo el mundo. Esta situación debe hacer que todas las personas cuerdas se den cuenta de que ningún pequeño grupo de potencias como el club nuclear de 1970 puede aspirar a limitar la propagación de las armas nucleares. En ese sentido, puedo estar de acuerdo en que el tratado ABM está 'desfasado', pero no con el propósito de eliminarlo para sentirnos libres de crear todo tipo de monstruosas armas nuevas.

La única política cuerda es reconocer que o bien nos libramos de las armas nucleares, o su uso, ya sea intencionado o accidental, acabará matando a millones de personas y envenenando las condiciones de vida de los supervivientes y sus sucesores. Necesitamos una conferencia de desarme mundial que dure los años que hagan falta para negociar un desarme general, verificable y permanente de todas las reservas existentes de armas nucleares, químicas y biológicas.

Gabriel Jackson es historiador estadounidense.